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Bases programáticas

Durante el desarrollo de la última campaña electoral, dos de los tres candidatos justicialistas tenían en sus plataformas de gobierno propuestas semejantes para instituir una empresa estatal de petróleo.

Uno, Adolfo Rodríguez Saa, que resultó ampliamente derrotado en la primera vuelta, quería constituir una empresa testigo denominada “Empresa Federal de Hidrocarburos” -una idea propulsada por el economista Carbonetto-  integrada por el Estado Nacional y las provincias productoras y refinadoras; y destinada inicialmente a la comercialización de hidrocarburos para luego dedicarse a la refinación y finalmente a la exploración y explotación de yacimientos.

Los integrantes de los equipos técnicos que apoyaron la candidatura de Rodríguez Saa fundaban esta decisión “en las actitudes cuasi monopólicas de las empresas privadas que han quedado deslegitimadas frente al público consumidor o usuario, por su tendencia de aumentar los precios internos cuando suben los internacionales pero no a bajarlos cuando los internacionales bajan”.

Un aspecto original del esquema –no contemplado por otros- residía en la idea de “actuar en el mercado de los nuevos combustibles como la alconafta, el biodiésel y el hidrógeno”.

Pensamiento Oficial

El otro, Néstor Kirchner, que en su plataforma resultaba muchos menos explícito, también habló en varias oportunidades de la creación de una empresa petrolera del Estado; planteó “recuperar nuestra renta petrolera, los instrumentos macroeconómicos y la acción de oro”. Por entonces, se quejaba en los discursos proselitistas de que “somos el único país del mundo, junto con Rusia, que no conduce la explotación petrolera y sus reservas”.

“Hace falta discutir la privatización de YPF porque se dejó a miles de trabajadores en la calle, prácticamente sin ningún tipo de defensa, y se generó una discrecionalidad muy grande en el marco de las explotaciones y de la defensa de la cuestión ecológica”, decía.

Este planteo se refería a la “desnaturalización de la privatización petrolera” ocurrida en 1998, cuando “para seguir sosteniendo el déficit fiscal que tenía la Argentina, se vendió, entre otras cosas, más del 51% del paquete accionario de YPF a Repsol. Antes de eso, existía“un paquete accionario bien fragmentado, como para que los distintos actores puedan discutir las políticas, el concepto macroeconómico de la inversión petrolera y de la reserva energética. Existía una discusión racional para el marco de la inversión anual: cómo se iba a hacer, cómo se iba a estructurar, cómo se manejaban los negocios internacionales, lo que era muy importante. El Estado tenía el 20%, los trabajadores entre el 10 y el 15%, las provincias el 11%. Santa Cruz tenía un promedio del 4%. Entonces, para discutir las políticas estratégicas del petróleo, participábamos activamente y había una acción de oro que generaba el derecho a veto. A partir de esta venta, se perdió la acción de oro y las provincias nos vimos obligadas a vender”.

En este segmento de la actividad, se postulaba –aún está pendiente- promulgar una “nueva Ley de Hidrocarburos que regule definitivamente la funcionalidad del petróleo y los instrumentos macroeconómicos”; con el objetivo de “tener los resortes y decisiones que corresponden a un campo tan importante para la política económica argentina”.

La idea expresada consistía en federalizar los hidrocarburos, siguiendo las recomendaciones de la OFEPHI, organización a la que pertenecía el propio Kirchner. En el mediano y en el largo plazo “se ejecutarán los instrumentos y controles tendientes al cumplimiento de las pautas de precios de los combustibles, al control y mejoramiento de su calidad, y a la sustitución (impacto medioambiental), y de la evasión”.

El plan tenía otros aspectos complementarios, aunque claramente convergentes con esta línea de pensamiento como por ejemplo, el trabajo encomendado a FLACSO sobre la creación de un ente de contralor con participación del usuario para que el Estado recupere los instrumentos macroeconómicos y las empresas de servicios públicos contribuyan a un proyecto estratégico del Estado. Este ente debería “tener como función supervisar y controlarlas y no debe convertirse en un peaje para funcionarios, diputados o senadores”.

Ya hay varios proyectos en el Congreso para reformar el régimen regulador de la electricidad y del gas. También ha trascendido un nombre para la nueva entidad oficial: Empresa Nacional de Energía SA (ENARSA).

Algunas Características

Los promotores del nuevo modelo sostienen que no vuelve al “estatismo” previo a los 80 ni al privatismo de los 90, sino que conjuga sus ventajas sin sus inconvenientes por ellos, las primeras versiones que han trascendido sobre la creación de esta empresa, evitan por razones políticas toda mención a los términos “estatizar”, “intervenir” o “nacionalizar”. El Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, precisó que la nueva empresa funcionará como “empresa testigo” del mercado, aunque el Presidente llevó más allá el concepto asegurando que la petrolera “desarrollará emprendimientos que pudiéramos necesitar, como gasoductos que no se han hecho”.

Es interesante destacar que existieron ideas parecidas dentro del "cavallismo" -fuerza desde la cual Alberto Fernández virtualmente "saltó" al "kirchnerismo" junto con colaboradores tales como el subsecretario de combustibles Cristian Folgar. Las mismas fueron copiadas -junto a muchos de los esquemas aplicados por la secratría de Energía en los 90-  del proceso de privatizaciones inglés realizado por Margaret Thatcher durante los '80.

La idea es que el Estado, a través de la nueva empresa contrata al sector privado bajo un régimen de contrato de obras y servicios y resultaría la propietaria final del producto (petróleo, gas etc.). Se informó que la empresa operaría explorando el mar patagónico –una de las tareas de mayor riesgo que existen- con la asistencia de Petrobrás y que, además de los socios internacionales, unirá sus fuerzas junto a empresarios locales.

La empresa recibirá, mediante adjudicación directa, áreas para su exploración y explotación siguiendo el modelo practicado por De Vido en Santa Cruz con FORMICRUZ. Está en la mente de los funcionarios “kirchneristas” acoplar a las empresas petroleras provinciales que se constituyan para aprovechar el decreto de Necesidad y Urgencia (546/03) firmado por el presidente Néstor Kirchner el 7 de agosto del año pasado, mediante el cual reconoció a los Estados provinciales, a través de sus organismos concedentes o de aplicación, el derecho de otorgar permiso de exploración y concesiones de explotaciones, almacenaje y transporte de hidrocarburos en sus respectivas jurisdicciones, sobre aquellas áreas denominadas en transferencia, es decir, que no se encuentran concesionadas.

Para estas funciones (exploración marítima), la nueva petrolera se incorporará a un consorcio estatal latinoamericano formado también por PDVSA y Petrobrás al que adhirió –en caso de ganar las elecciones el candidato uruguayo del Frente Amplio Tabaré Vázquez.

Con la resolución 401 de la Secretaría de Energía, se procedió a reglamentar los decretos 180 y 181 que permitirá la introducción de la figura de los comercializadores que actuarán en un mercado electrónico del gas y, que parece destinada especialmente a la nueva empresa. Sin embargo, en el inicio de las privatizaciones de 1992 los marcos del gas (LEY 24.076) y eléctrico (LEY 24.065) no incluyeron la figura del comercializador, por entender que daría margen a la especulación por parte de grupos económicos que carecen de activos, sea de producción de energía, transporte o distribución.

Hay que tomar en consideración que todo el andamiaje de la desregulación del mercado petrolero descansa, básicamente en tres decretos que no requieren de ley alguna para su reemplazo. Es un cambio que puede hacerse “a sóla firma” del Poder Ejecutivo.

La participación de ENARSA en el mercado local podría consistir el adquirir la producción fijando un precio en boca de pozo para intervenir, por ejemplo, en la determinación del precio de las naftas, que actualmente es fijado por las petroleras de acuerdo a los vaivenes que sufre el precio internacional del crudo.

Hay que observar que, dentro de dos años, se producirá la caducidad automática de muchas de las concesiones petroleras otorgadas durante la apertura y desregulación lanzada en 1990, hay quienes proponen pasarlas al patrimonio público para formar con ellas un activo de reservas para la nueva compañía de hidrocarburos.

A lo largo de este primer año de Gobierno, ha quedado claro que muchos de los pilares ideológicos que inspiran el desarrollo político del Presidente se llevan adelante, la mayoría de las veces “contra viento y marea” ignorando incluso la opinión de la sociedad y del partido que lo llevó al poder. También puede concluirse que hay cierta obsesión por observar el pasado y trabajar sobre él, más fervientemente que con el presente y el futuro.

La cuestión petrolera no es una excepción. El pensamiento que acabamos de analizar contiene fuertes críticas hacia el modelo económico y particularmente hacia las privatizaciones; este rechazo es particularmente notorio en el nuevo esquema de poder que se ha dado en llamar “transversalidad”, que unifica grupos diferentes con una percepción similar respecto del pasado. En casi todos estos grupos se percibe un claro cuestionamiento hacia la gestión privada de los servicios públicos, que se encuentra a un paso de ceder ante la tentación de revertir estas empresas hacia el Estado “para recuperar la renta energética”.

Evaluaciones

Estos postulados hacen recordar los escritos de Arnold Toynbee cuando en su fascinante “Estudio de la Historia”, analizando el colapso de una civilización nos presenta el ejemplo de la figura de un “salvador” que asume el liderazgo utilizando como ideología “la máquina del tiempo”. Una variante de ese “salvador por la máquina del tiempo” es el que intenta colocar a la sociedad en la cual vive en el pasado, de retornar a otros tiempos.

Una expresión de el esquema que cuestiona globalmente el sistema económico, es el curioso “manual para domar petroleros” elaborado por personalidades representativas de uno de estos grupos, con el propósito de “revertir las reformas neoliberales” y que se publicó a modo de ilustración en Gabinete On Line del mes de enero de 2004.

La crisis energética, puso en evidencia que el kirchnerismo considera responsable de la escasez a las empresas de servicios públicos privatizados, que acumularon ganancias extraordinarias durante toda la década del 90, y que no efectuaron las inversiones necesarias.

El propio Presidente de la Nación, de gira privada por los Estados Unidos escaló el nivel del conflicto cuando en una entrevista acusó a las empresas petroleras –especialmente a Repsol- de extorsionar con la crisis al Gobierno."Me extorsionan- dijo Kirchner- y taparon los pozos. Me piden más precio a cambio de mayor volumen y yo les digo que me den más volumen y yo les doy más precio".

Esta sensación de revivir épocas anteriores en las que una sola empresa pública predominaba en la escena energética y dirigía arbitrariamente la política del sector, ha causado que, el reciente anuncio del gobierno nacional haya abierto muchas dudas y no pocas críticas.

Entre quienes se oponen a la medida, se menciona con insistencia que hubo tres antecedentes recientes muy negativos: por un lado, el caso del Correo Argentino que, una vez re-estatizado, ha quedado completamente estancado; por otro, la empresa de aeronavegación con un enorme déficit crónico financiado por el Tesoro Nacional y; finalmente, el otro “invento público –al decir del economista Juan Carlos De Pablo- es el ferrocarril mesopotámico”.

Al anunciar la constitución de esta nueva empresa,  Kirchner agregó una empresa al listado a la veintena de compañías en la que el Estado tiene participación. Este conjunta incluye desde centrales térmicas, trenes de carga, bancos, servicios aeroportuarios, una papelera, aerolíneas. En la mayoría de los casos se quedó con una participación minoritaria durante el proceso de privatización que se produjo en la década del 90.

Para los analistas consultados, la participación estatal en los distintos sectores no modificó en nada la prestación de los servicios y tampoco le dio utilidades al Tesoro, sino más bien todo lo contrario. El caso más emblemático es el de las empresas del sector eléctrico. El Estado mantiene participación en cinco empresas: tres centrales generadoras (Central Térmica Güemes, Central Térmica Patagónica y Central Dique), una generadora hidroeléctrica (Piedra del Águila) y una transportadora (Transpa). Ninguna atraviesa una situación financiera holgada ni por asomo, y así lo reconoce el Gobierno.

Para el ex secretario de energía, Daniel Montamat, Enarsa “es una empresa de papel. Una empresa que la tiene que aprobar el Congreso. Después, que las reservas serán exploradas en off shore, las reservas están concesionadas y llegan hasta la mitad de la próxima década”. Por otra parte, "los yacimientos pertenecen a las provincias. Cuando vengan las concesiones, las nuevas concesiones serán las provincias las que las otorguen. Entonces, esta empresa no será testigo del mercado sino testigo de la crisis. Si no tomamos las cosas en serio la crisis se ha instalado para durar”, completó.
 

También importantes provincias petroleras han realizado cuestionamientos. Por ejemplo el gobernador de Neuquén, Sobish, que criticó la idea y la falta de comunicación entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias que, como Neuquén, es la principal provincia productora de gas y petróleo, con el 55% del total del país". “Es poco serio –agregó Sobish- anunciar la creación de una empresa estatal de esta envergadura sin haber consultado a las provincias, ni informar sobre las características del plan, ni aclarar de dónde van a salir los recursos, qué participación tendrán las provincias”.

"En PDVSA estamos dispuestos a estudiar la posibilidad de participar, si la Argentina nos hace el ofrecimiento, en el capital de Enarsa", señaló Alí Rodríguez Araque, presidente de la empresa estatal venezolana en referencia a la empresa estatal energética que Kirchner busca poner en marcha en los próximos días. "Creemos que nuestra experiencia en todo el negocio energético es valiosa y estamos dispuestos a ponerla a disposición de un país amigo como la Argentina", agregó. Rodríguez Araque consideró que es "viable y necesario" que Argentina vuelva a tener una empresa estatal de energía. "Es bueno que en el mercado exista una empresa testigo manejada por el Estado. Además, está comprobado que puede haber buena complementación entre la actividad privada y la que realice el Estado", enfatizó. El directivo dijo tener "buen diálogo" con los funcionarios del gobierno argentino, "que crecerá cuando instalemos una filial permanente en Buenos Aires, seguramente antes de que termine el año", adelantó. El empresario explicó que Petróleos de Venezuela está "estudiando" qué tipo de inversiones emprender en la región: "Estamos estudiando todas las posibilidades, desde la exploración de gas y petróleo hasta la refinación de naftas. No descartamos nada".