El viejo problema

No es ninguna originalidad decir que la República Argentina viene decayendo en la mayoría de sus indicadores desde hace muchas décadas. Lo original es que este grado de retroceso se produzca en un país que no ha sido víctima de ninguna catástrofe natural; no fuimos escenario de ninguna guerra devastadora. Tampoco se han derrumbado -salvo vaivenes coyunturales- los precios de nuestros productos. Hemos dispuesto de gran cantidad de fondos procedentes del exterior, casi hasta el paroxismo, logrando el “default” más importante de toda la historia.

Hemos violado el derecho a la propiedad, al confiscar los ahorros de nuestros propios ciudadanos.

Todo lo que “logramos” en términos negativos para nuestra conmocionada comunidad, es nuestra propia obra y de nadie más. Muchos dirán que hubo influencias foráneas, y debe ser cierto. Pero nunca fueron tan determinantes como nuestro propio accionar destructivo.

Nuestra decadencia se debe principalmente a la falta de proyecto nacional. La mayor falla de la mal llamada "dirigencia" argentina es no saber qué argentina quieren; cómo imaginamos el país dentro de 10, 20 o 30 años. Séneca decía, con gran sabiduría, que “no hay viento favorable para el que no sabe adónde va”.

Esto sí puede explicar la extraordinaria facilidad con la que hemos logrado destruir, en sólo 30 meses, el autoabastecimiento de gas alcanzado en 1998.  Casi sin darnos cuenta, nos aproximarnos peligrosamente al precipicio de una crisis eléctrica, que se manifestará más intensamente el año próximo, pero que se hace amenazadora para el período 2006/7. Si continuamos sacudiendo las estructuras jurídicas de la forma en que lo venimos haciendo, al cabo de algunos años también perderemos el autoabastecimiento de petróleo logrado con grandes sacrificios, desde que se lo buscó con ahínco en los ’50.

Aquél mandato histórico de la independencia energética, que obraba a modo de política nacional guiando por igual al Estado y al sector privado, ya no resuena como antes en los discursos oficiales de los funcionarios, que con sus hechos y omisiones se entregan mansamente a la importación energética del extranjero a sabiendas que los recursos duermen bajo la tierra argentina.

Y este razonamiento no excluye –sino todo lo contrario- la necesidad de alcanzar una integración regional que viabilice la proyección de nuestros países en un mondo cada vez más globalizado y competitivo.

Muchas de las decisiones que se vienen adoptando y que claramente erosionan las bases del esquema vigente, llevan a cuestionarse seriamente si se trata de una solución definitiva –un modelo de desarrollo que funcione- o si estamos ante nuevos paliativos que tienden a resolver ciertas necesidades políticas del Gobierno.

Tal es el caso del proyecto de nuevo marco regulatorio para los servicios públicos que se ha enviado al Congreso, que contiene ideas poco elaboradas que responden a las urgencias del momento sin mirar el futuro del país. Al este y otros proyectos que circulan están destinados a alterar la mínima estabilidad que se necesita para hacer funcionar el sistema energético.

Con el argumento de regular mejor, el Estado ha comenzado a invadir esferas propias del sector empresario tales como dirigir los planes de inversión, más allá de lo establecido por los contratos. También los órganos de control comienzan a ser subordinados políticamente.

Hay muchas manifestaciones adicionales que demuestran que muchos desequilibrios, en lugar de corregirse, se profundizan. Y son fuente de situaciones claramente explosivas que, tarde o temprano, terminarán por afectar la confianza en las autoridades y amenazando en su medida la "gobernabilidad".

En el sector eléctrico propiamente dicho, es una señal el déficit de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) junto a creación de Fondos Fiduciarios para afrontar la necesidad de ciertas obras que se realizan para mejorar la eficiencia del parque de transformación y transporte de energía. También hay que agregar el mayor costo por importación de combustibles desde Bolivia y Venezuela.

En gran medida, el último aumento estacional en las tarifas eléctricas que afecta a los grandes usuarios y clientes industriales, decretado hace poco, tiende a paliar en parte esta situación.

Por ejemplo, debe notarse que a pesar de la suba del 25% vigente en promedio en el mercado mayorista eléctrico, la energía generada en Argentina todavía cotiza al 50% del valor al que se remunera la importación desde el Brasil.

El Gobierno está intentando emitir señales de recuperación de precio que estimulen a los capitales de riesgo con condiciones similares a las que existieron en el inicio de la desregulación gasífera y eléctrica en los que deben incluirse los aumentos programados para el precio del gas en boca de pozo. Con la Resolución 842 de la Secretaría de Energía el precio mayorista se ubicará en unos u$s 20 el MWh.

Aunque se trata de un valor bastante inferior a los u$s 44 por MWh establecidos para la importación desde Brasil, constituye una retribución más sensata que los u$s 8 por MWh que llegaron a pagarse en el inicio de la emergencia económica.

Pero el precio, si bien muy importante, no es el único incentivo que necesita el sector; la mejor señal sería la estabilización jurídica y el relanzamiento de la industria energética argentina, que no llega.

Mientras nosotros seguimos sumergidos en estos desaguisados, los países de la región se mueven a un ritmo acorde el mundo moderno. Ya se ha inaugurado Camisea, en el Perú que ha firmado un programa para licuar y exportar gas hacia México y Estados Unidos; Bolivia ha superado el referéndum y acordó importantes proyectos petroquímicos con Brasil que avanza liderando el MERCOSUR. La convulsionada Venezuela se asegura el mercado norteamericano y centroamericano y establece un régimen de contrataciones sólido y jurídicamente seguro.


Ciclos Combinados

Según las autoridades energéticas, están avanzadas las conversaciones con las empresas generadoras para construir dos usinas por un total de 1800 MW.

El novedoso mecanismo ideado por las autoridades para construir estas unidades refleja en parte lo que veníamos analizando ya que se trata de un esquema de “inversión forzosa” para superar los desfasajes más severos de la falta de energía en los próximos años.

Aunque muchas empresas cuestionan el esquema que las obligaría a participar del financiamiento de la nueva central saben que si no participan, la deuda será reconocida solo en un título a muy largo plazo a saldar con lo producido por la nueva central.

Se trata de convertir la deuda que Cammesa tiene con los generadores de $ 650 millones aproximadamente en participaciones de la nueva empresa generadora. Los principales acreedores privados a los que va destinada la idea son Piedra del Águila (controlada por Total), con $ 48 millones, Alicurá (AES), con $ 30 millones y El Chocón (Endesa), con $ 27 millones.

De todas formas, la posible aceptación final por parte de las empresas es un hecho muy positivo ya que representa una apuesta hacia el futuro que, de otra forma es dudoso pueda materializarse. La magnitud de la nueva central la ubicaría en cuarto lugar entre las usinas térmicas del país y abastecería al Litoral, descomprimiendo la provisión a las regiones del Centro, Cuyo y Comahue.

Quedan por superar otros cuestionamientos, como por ejemplo los de índole técnica porque hay especialistas que sostienen mientras se está importando combustibles, tales como el fueloil, el gasoil y el gas no parece el mejor esquema construir plantas térmicas, siendo más razonable agregar por ejemplo 200 MW al Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) añadiendo dos turbinas al brazo Añá Cuá en Yacyretá y funcionando a cota 77.