A fines del 2003 han España ha sido escenario de diversos hechos que, puestos en conexión, pueden arrojar alguna luz sobre la situación actual del sector eléctrico. En primer lugar, el enésimo apagón, el 29 de diciembre, que dejó sin luz durante nueve horas la comarca leridana del Valle de Arán. Afectó a decenas de miles de turistas –como siempre–, pero junto a ellos alcanzó también en esta ocasión a personalidades que se dan cita esos días en Baqueira-Beret, algunas con responsabilidades sobre la garantía del suministro eléctrico.

Ironías de la vida. En el expediente informativo abierto a Endesa, el Gobierno catalán dice que evaluará si el plan de inversiones de dicha compañía en Cataluña es suficiente para garantizar la calidad y la cantidad del suministro eléctrico. Por las mismas fechas, la prensa se hacía eco del descenso de inversiones eléctricas, por primera vez en España desde 1998 (se invirtieron 3.160 millones en 2003, un 7,3% menos que el año anterior). Finalmente, unos días antes la prensa nos informaba también de la desestimación por el Tribunal Supremo de dos recursos interpuestos por Unesa contra sendos decretos por los que se aprobó la tarifa eléctrica para los años 2001 y 2002.

Estos tres sucesos tienen, en mi opinión, una relación estrecha (de causa-efecto). Apagones, nivel de inversiones y tarifas eléctricas son tres lados de un triángulo indivisible. El apagón es consecuencia inexorable de una falta de inversión (en generación o en redes) y ésta es el resultado de unas expectativas de recuperación que dependen de la tarifa. También en estos días ha sido aprobado un incremento tarifario del 1,54%, con una reducción inesperada respecto al 1,66% que el secretario de Estado de Energía había anunciado unos días antes. Misterios de la tarifa eléctrica.

Calidad de suministro
Es ésta una situación recurrente en los últimos años: los apagones acompañan a una tarifa, cuyo nivel es una y otra vez considerado insuficiente por las eléctricas. ¿Es el nivel de tarifas realmente incapaz de garantizar la calidad del suministro eléctrico? Tal es la cuestión. Para responder a ella, lo primero que hay que destacar es el desconcierto reinante, la confusión que impera y la falta de claridad con que actúan tanto las empresas eléctricas como las autoridades reguladoras. Los responsables de la gestión empresarial se esmeran en lograr balances presentables aunque ello exija cierto maquillaje contable. El Gobierno sigue obsesionado con el control de la inflación, objetivo económico imprescindible, pero que no tiene nada que ver con la tarifa de la luz o del teléfono y que no debe anular el logro de otros objetivos de política energética como es el mantenimiento del suministro eléctrico en cantidad y calidad a largo plazo.

He aquí una explicación al enigma de las tarifas: el régimen tarifario practicado en los últimos seis años se ha inspirado hasta ahora no en las exigencias de un buen sistema eléctrico sino en razones macroeconómicas o en la pura conveniencia política. Ello da lugar a una continua tensión financiera en las compañías, que van reduciendo (o retrasando) sus inversiones para rebajar en lo posible su endeudamiento (la inmensa deuda del sector se ha reducido en 1.800 millones de euros en el último año).

Tal mal praxis debe condenarse y nos lleva, una vez más, a reiterar que la tarifa no es un acto político. La tarifa es un justiprecio, que debe responder a factores internos del negocio, no a factores externos del entorno político que se atraviesa en cada momento. Lo contrario es un atentado al Derecho y una mala política económica. La mejor prueba de que ha habido una política de tarifas poco garantizadora es que hasta el Real Decreto 1.432/2002 de 22 de diciembre no había ni siquiera norma sobre metodología tarifaria y que el Gobierno, con posterioridad, ha reconocido un déficit tarifario que alcanza los 1.500 millones de euros.

Dicho decreto vino a paliar en parte tal anomia, pero mantiene considerables incertidumbres sobre estructura tarifaria, retribución de la distribución, primas del régimen especial, pago de la garantía de potencia y otras. Y, lo que es peor, se enmarca en una política apriorística según la cual el precio de la luz no subirá más del 2% cada año hasta 2010.

Uno se pregunta: ¿qué don profético acompañó esta decisión? El 2% ‘coincide’, sí, con el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, pero el incremento tarifario necesario no tiene nada que ver con eso: podrá ser unas veces del 3,5% y otras del 0,5%; dependerá de que llueva mucho o poco, del precio del crudo, del valor del euro y del tipo de cambio euro-dólar, de la evolución de la oferta y la demanda de electricidad, y de otras variables como los tipos de interés en los mercados financieros. Imponer una política apriorística de contención tarifaria por debajo del IPC, con el rodillo del BOE, puede bien ser confiscatoria (y contraria al art. 33 de la Constitución), o bien comprometer la senda de inversiones previstas, en un período en el que el consumo aumenta el 6% anual y las empresas eléctricas tendrían que invertir 26.000 millones de euros. El resultado de semejante tensión son los apagones.

Inversiones
La mayor parte de dichas inversiones deberá destinarse a nueva generación, siguiendo los objetivos de la planificación energética y aumentando la participación de las energías menos contaminantes (ciclos combinados de gas y renovables), lo que contribuiría al cumplimiento de los muy controvertidos compromisos de Kioto. Pero ello no basta. Si se quiere mantener el modelo de mercado, en el que las centrales de generación se pueden localizar muy lejos de los centros de consumo, con grandes necesidades de transmisión y con separación de actividades (reguladas y comerciales) resulta absolutamente necesario establecer un sistema retributivo del transporte y la distribución que incentive la construcción de redes y garantice también la recuperación de inversiones en estas áreas.

Una política tarifaria insuficiente para las eléctricas y subvencionada para los consumidores constituye el gran obstáculo para el mercado y hace imposible la actuación de los comercializadores (los consumidores, tras comparar tarifas y precios de mercado, preferirán permanecer o volver a la tarifa). Es imprescindible que la evolución de las tarifas integrales sea acorde con los costes y compatible con el mercado. Podría mantenerse una tarifa de último recurso, basada en la aditividad de costes, para los consumidores con menor capacidad de negociación. Deberá definirse finalmente una tarifa subvencionada, de servicio universal, exclusivamente dirigida a colectivos que no puedan lograr un precio asequible para su situación particular, reafirmando así la responsabilidad última del Estado en garantizar el suministro eléctrico a todos los ciudadanos.

En resumen, tenemos que creer en el sistema. Si no, habremos montado un gran tinglado para seguir haciendo lo mismo: fijar las tarifas a capón. Para ese viaje no hacían falta tantas alforjas. Creer en el sistema significa básicamente dos cosas: que se dicten las reglas adecuadas y que se cumplan. Y cuando no se cumplan, el Tribunal Supremo debe intervenir, perdiendo ese respeto reverencial que tienen a los números y entrando a revisar los niveles de precios que fije el Gobierno, si éstos son insuficientes.