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Daño “Colateral” Por Carlos José Aga El riesgo de ingresar a una crisis energética fue tema de varias publicaciones previas y finalmente se incluyó en Gabinete On Line durante el mes de diciembre de 2003. Hemos tenido que esperar hasta mediados de febrero para que se reconociera oficialmente esta realidad, que excede el terreno eléctrico para incluir también al gas. Ahora que casi no existen posibilidades para revertir este riesgo de falla tan alto, comienzan a efectuarse diversos pronósticos para determinar el alcance de sus posibles efectos secundarios sobre la economía. Sorprende la idea de contrarrestar la crisis "desempolvando" el anquilosado proyecto de terminar Atucha II que, en cualquier perspectiva que se analice demorará un mínimo de tres años, costará entre 500 y 1000 millones de dólares -incluyendo la reactivación de PIAP que reclama C.T.A.- y cuando entre en servicio (2007/8) casi será una pieza de museo "recién inaugurada". En la Argentina de nuestros días, no podemos seguir viviendo en la ficción. ¡Es la hora de la verdad!. Pocos han pugnado cambiar esto desde 1983 como lo ha hecho nuestra institución. Casi nadie ha ofrecido tantas alternativas distintas y viables -avaladas por reconocidos científicos y técnicos nucleares argentinos- que fueron desde la empresa nuclear en manos del Estado en 1986 hasta la incorporación del ciclo combinado nuclear-gas en 1994. Se planteó una sinergia positiva de integración con el programa de centrales nucleares de Brasil. Diversas Jornadas, Congresos y publicaciones avalan con creces lo dicho. Ahora, una vez que se han malversado esas grandes oportunidades, el resto del sistema nuclear agoniza y no existe ningún proyecto nuclear en vigencia. La industria nuclear que nos enorgullecía hace unos años es sólo un recuerdo y se ha minimizado en la única presencia de INVAP SE que tuvo continuidad porque estuvo mayormente financiada por el Estado. Hemos visto morir, sin el debido reconocimiento, a figuras señeras del plan nuclear argentino que permitieron que nuestro país se posicionara entre la media docena de naciones que dominan las áreas más sensitivas y sofisticadas de esta tecnología. Cuando terminen de jubilarse los pocos protagonistas del desarrollo nuclear que aun permanecen activos, sólo quedará una cáscara vacía porque no ha habido trasvasamiento generacional ni continuidad de los proyectos en los últimos 17 años. El Gobierno debería saber que Atucha II es un muerto al que sólo le falta el certificado de defunción; la autopsia dirá que se trató de un asesinato, como tantos otros perpetrado por una dirigencia política egoísta, carente de grandeza ni objetivos nacionales; de nada valdría ponerlo en el respirador artificial para que sobreviviera unos minutos más. Son los "daños colaterales" producto del manejo institucional desquiciado que se ha hecho de la crisis argentina. Ciertamente es parte del mayor default en el que ha sido arrojado nuestro país que es el default de la dirigencia. Hemos demostrado con mucha anticipación que el origen del problema que se avecinaba tenía poca relación con la meneada cuestión de las tarifas y mucha -casi toda- con la inseguridad jurídica y las indefiniciones que interrumpieron el desarrollo del sector y del país en general. Estas falencias, que formaban parte de especulaciones teóricas sobre el porvenir de los servicios públicos, ahora son una amenaza real capaz de frenar la tasa de recuperación de la economía nacional entre un punto y hasta un punto y medio del PBI (la mitad del superávit fiscal acordado a regañadientes con el FMI para el 2003). Recordemos que históricamente, por cada punto de crecimiento del PBI argentino, la demanda energética creció 1,4%. Tanto la crisis energética californiana como la del Brasil aportan suficiente experiencia que muestra que la falta de energía es un límite muy poderoso, capaz de vulnerar ese crecimiento y de pulverizar gran número de puestos de trabajo. Sabemos que muchas empresas grandes han comenzado a tomar muy seriamente estos pronósticos, algo que también debería hacer el Gobierno Nacional, porque toda sustitución de combustible implica incrementar los costos y, por consiguiente, los precios amenazando el mercado interno y externo de todos los productos afectados. Se moverán también los precios de los combustibles líquidos y del gas. Inflación que deprecia los ingresos de los argentinos y pérdida de mercados externos que restringe la generación de divisas y disminuye la capacidad de recuperación económica del país. Todo esto puede ser intolerable para el sacrosanto paradigma de la "gobernabilidad" del país.
En el caso de la electricidad hay que tomar en cuenta que, de acuerdo a los informes oficiales de la Asociación de Generadores, nuestro país necesita el ingreso de 700 Mw. anuales en nuevas usinas para cubrir una hipótesis de crecimiento de la demanda de 5% anual que sólo alcanzaría para responder a un crecimiento del P.B.I. de sólo 3.5% (bastante inferior a las cifras proyectadas por Economía para el 2004). Esta crisis se podrá "administrar" para minimizar en los posible sus efectos perniciosos porque las consecuencias pueden ser mayores en los próximos dos años. Por eso lo fundamental es "gobernar", es decir tratar de remover de inmediato las causas que la provocaron, para reasumir el proceso de crecimiento sectorial. Antes que introducir nuevos paliativos coyunturales, Argentina necesita urgentemente definiciones políticas claras acerca del modelo que estamos siguiendo, también de señales incontrovertibles del cumplimiento de nuestras leyes fundamentales. Después de todo la cuestión energética siempre está subordinada al rumbo de la sociedad.
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