Frente a los cortes de suministro de gas natural procedentes de Argentina, muchos grupos chilenos –especialmente medioambientalistas- reclaman al Gobierno del Presidente Lagos una diversificación de la matriz energética, mientras que los funcionarios oficiales deciden anticipar la puesta en funcionamiento de una usina hidroeléctrica polémica ubicada sobre el río Bío Bio.  

Estos sectores demandan al Gobierno una “dramática diversificación” porque la reducción del suministro de gas argentino amenaza la disponibilidad de energía eléctrica del país. “Chile debe cambiar su matriz energética en forma inmediata” señala un documento firmado los dirigentes de las asociaciones defensoras del medioambiente Manuel Baqueano del Instituto de Política Ecológica,  Álvaro Gómez, coordinador de Red  Nacional de Acción Ecológica y Sara Larrain, líder del Programa Chile Sustentable.

El 14 de abril Argentina decidió reducir en 14%  la entrega de gas natural a Chile, afectando en primer término las regiones más áridas de Antofagasta y Atacama en el Norte, que carecen de usinas hidroeléctricas. Las empresas energéticas anunciaron que utilizarían equipos diesel para aliviar el déficit de gas natural que había causado la decisión del Gobierno argentino. La corporación nacional del cobre, principal fuente de ingresos del país, planificó también un cambio en los combustibles con que funcionan sus instalaciones.

Las declaraciones del Presidente Kirchner en el sentido que Argentina exportaba recursos de los que carecía incitaron a la profundización de este reclamo diversificador.

Chile recibe el 70% de las exportaciones de gas natural argentinas con las que alimenta usinas eléctricas que también funcionan quemando petróleo o carbón que representan el 37% de la electricidad consumida en el país. La construcción de estas plantas generadoras a base de combustibles fósiles complementó  la capacidad hidroeléctrica en los ’90, cuando los primeros gasoductos cruzaron los Andes desde Argentina en las zonas central y norte de Chile.

Diversas cuestiones internas de Argentina determinaron un descenso abrupto de las inversiones para desarrollar nuevos yacimientos de gas y condujeron a la crisis energética en la que ingresó el país. También se supone que los cortes en el suministro podrían ser mayores si la recuperación económica de Argentina obligase al abastecimiento de la demanda interna en los términos de la Ley de Hidrocarburos del país.

El Presidente de Chile, Ricardo Lagos insiste en que las empresas privadas que explotan el gas natural en Argentina debe ser responsables del cumplimiento de los contratos suscriptos con las empresas de servicios públicos chilenas. Aunque, de todas maneras, en las reuniones con los dirigentes, él admitió la posibilidad de que ocurran mayores cortes en el futuro.

Por ello, en respuesta a un eventual desabastecimiento energético el Gobierno chileno ha comenzado a considerar la posibilidad de adelantar la construcción del emprendimiento hidroeléctrica de Ralco. Las comunidades indígenas Pehuenche y los grupos ambientalistas más radicalizados se han opuesto a la construcción de este mega-proyecto sobre el río Bío Bio que atraviesa la parte central de Chile. La represa de Ralco es un proyecto destinado a proveer el 9% de las necesidades energéticas del país y debería estar funcionando en los próximos meses, dependiendo de la hidraulicidad del río.

Además de incrementar su producción hidroeléctrica, los funcionarios chilenos piensan utilizar carbón o petróleo como combustible para las plantas térmicas ubicadas al norte de Chile, aunque estos combustibles resulten más costosos que el gas natural atento a lo que ocurre en el mercado mundial del petróleo.

El ministro de Economía y Energía, Jorge Rodríguez, aseguró que está buscando el consenso de los actores. Las señales en concreto, tienen tres objetivos: dejar de depender del gas natural argentino, potenciar el desarrollo de centrales a carbón, geotérmicas y a gas natural licuado diversificando la matriz energética, y que el Sistema Interconectado Central (SIC) sea capaz de satisfacer los requerimientos de demanda, aunque no exista agua en los embalses o gas para las plantas de ciclo combinado.

Estas decisiones representarán incrementos de tarifas para los consumidores a partir del mes de Octubre próximo, cuando el sistema de precios ingrese en su período de revisión, según lo dicho hace poco por Andrea Butelmann que encabeza de división de desarrollo de mercado en el Ministerio de Economía.

Dependiendo de los cambios regulatorios que se den, se perjudicará o beneficiará a las actuales generadoras -Endesa Chile, AESGener y Colbún-, y de la misma manera, dará los incentivos necesarios para que nuevos operadores decidan entrar al negocio, como es el caso de Pacific Hydro y la noruega Statkraft Norfund Power Invest o, simplemente, la incursión de pequeñas eléctricas (centrales menores a 20 MW), como ha sucedido en el sur del país, donde existen más de tres interesados. El primero de los cambios vendría por el recálculo del pago por potencia firme, el que involucra una torta de US$ 350 millones al año y que significa entre 20% a 35% de los ingresos .

Será necesario reorganizar el plan de obras públicas para el sistema energético central, que establecía construir siete nuevas centrales eléctricas a gas para el año 2015. Chile debería darse cuenta que desde ahora producirá energía con fuentes más costosas que el gas natural argentino, pero si los precios siguen subiendo, sería más económico invertir en recursos alternativos como las energía geotérmica, dicen los funcionarios oficiales.

Baquedano, Gómez y Larrain han denunciado que la política energética basada en la hidroelectricidad y las usinas eléctricas a gas es “presumido y errático”. La mayor responsabilidad de una nueva amenaza de crisis energética recae sobre el Gobierno del Presidente Lagos por hacer fracasar los intentos de avanzar en una política de verdadera diversificación de las fuentes energéticas, aún en el caso que las empresas privadas hayan adoptado las decisiones de inversión proponiendo nuevas obras de infraestructura, dijeron los ambientalistas.

La razón de la persistencia  en este esquema y de los esfuerzos del Gobierno para volver a asegurarse los suministros de gas argentino obedece a que “es barato”; a juicio de los ambientalistas, esto demuestra que “la política energética el país está gobernada únicamente por criterios mercantiles, sin verdadera planificación estratégica”.

Estos tres activistas proponen siete medidas, incluyendo una legislación promotora de las fuentes renovables de energía, como la eólica, solar biomasa y mareomotriz igualmente que pequeñas plantas hidroeléctricas de bajo impacto. Ello también reclaman a Lagos poner en operación tres plantas geotérmicas y construir otras tres para el 2015.

“La barrera de costos aparentemente insuperable para el ingreso en el sistema de las energías renovables han sido completamente resueltas en muchos países mediante la creación e fondos específicos de promoción”, dicen Baquedano, Gómez y Larrain. Estos problemas se han superado en gran cantidad de casos en todo el mundo a través de incentivos a la inversión y descuentos por producción de energía limpia, afirman e insisten en la necesidad de programas para el uso eficiente de la energía en Chile.

Fernando Mujica, un experto en energía nuclear y Fuentes sustentables de energía, profesor en la Universidad Austral de Valdivia, dijo que “habría que lograr un plan balanceado para el desarrollo eléctrico del país que incluya todas las posibilidades de producción, incluyendo la hidroeléctrica, termoeléctrica y la energía nuclear por ahora inexistente en el país”.