Los servicios públicos indudablemente son un tema estratégico para el poder político, ya que es función del Estado garantizar a la sociedad la disponibilidad de los mismos en condiciones que permitan el desarrollo económico y el bienestar del pueblo.

Hemos analizado en otras oportunidades la situación particular de estos sectores que, desde diciembre de 2001 viven en el “limbo” de las indefiniciones, los “parches” y las improvisaciones, determinando un claro incumplimiento de la Ley de Emergencia aprobada oportunamente.

Una de las razones del atraso es que las privatizadas no parecen estar dispuestas a suspender los juicios que iniciaron contra el país ante un tribunal internacional (el CIADI, con sede en Washington). Hasta el momento, el Gobierno licitó nuevamente las concesiones viales interurbanas, cerró un acuerdo con Aeropuertos Argentina 2000 y alcanzó un convenio transitorio con Aguas Argentinas hasta fin de año (que no contempla la suspensión del juicio ante el CIADI, a pesar del reclamo inicial del Ejecutivo). También firmó actas provisorias, hasta diciembre, con Telefónica y Telecom.

La propuesta del Gobierno para renegociar los contratos de las empresas eléctricas y gasíferas establece que no habrá “ningún aumento de tarifas en el 2004, se iniciará una recomposición escalonada a partir de enero del 2005 que se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2006, y habrá una revisión integral en el 2007”. También se definió que las inversiones para ampliaciones en transporte y distribución estarán a cargo de Fondos Fiduciarios, ya creados por decreto.

Pero más allá del proceso de renegociación de los contratos con las empresas privatizadas, todos sabemos que para lograr la consolidación de la incipiente recuperación económica ocurrida durante el último año, y convertirla en un verdadero proceso de desarrollo autosostenido, es imprescindible perentoriamente incrementar los niveles de inversión del sector privado y también del público.

También sabemos de las limitaciones que impone la realidad de un país minimizado, con un Estado que lleva tres años en default y una masa enorme de ciudadanos viviendo muy por debajo de los límites de supervivencia.

Sin embargo, es necesario profundizar en un aspecto clave que se viene presentando como uno de los mayores impedimentos que tenemos para resolver esta crisis y al que el Gobierno debería dedicar su máximo esfuerzo y atención: la  inseguridad jurídica  y su consecuencia natural, la desconfianza.

Para comprender lo que ocurre, es necesario despejar la mente  del show mediático de las encuestas de popularidad, con las que se hace política desde hace unos años, y remitirnos a ciertos datos de la realidad que son concluyentes a la hora de pensar en nuestro futuro como Nación.

Sería muy extenso enumerar las múltiples violaciones a la propia Constitución Nacional, las Leyes y a las normas, que se registran como costumbre en el país  -aunque si los lectores lo requieren podemos hacer una lista que los asombraría-, pero es bastante sencillo visualizar sus consecuencias.

Baste como ejemplos de la inseguridad y la desconfianza, las cifras de dinero argentino en el exterior –entre las que debería computarse el polémico depósito de alguna provincia-, y que, según las autoridades llegan a equipararse con el monto de la deuda en default. Del mismo modo, la módica tasa de inversión privada y pública a la que hemos llegado por falta de reglas sensatas y debido a niveles de credibilidad insuficientes.

La concreción de una buena parte de los anuncios del plan energético están trabados por estas razones. Pero, como si este problema ya no fuese muy grave, existen otros riesgos capaces de aumentar el tembladeral organizativo en que vivimos y, en consecuencia, podrían empeorar mucho esta limitación que arrastramos.

Por ejemplo, ha trascendido que el Gobierno se apresta a enviar al Congreso el proyecto de ley con el nuevo marco regulatorio para las empresas privatizadas, en reemplazo de las reglas anteriores que quedaron desdibujadas con la “implosión” del 2001.

La legislación vigente -que será modificada por esta norma- reservó para el Estado el poder regulador, que ejercido correctamente está perfectamente dotado para administrar la totalidad del sistema energético del país.

Preocupa el hecho que estos cambios determinen modificaciones legales capaces de afectar nuevamente la propia Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el país y conmover los cimientos del sistema, sin tener la capacidad de estructurar una alternativa válida para cubrir todas las necesidades presentes y futuras.

Tampoco ayuda a mejorar que para designar nuevos funcionarios en los entes reguladores se utilicen métodos no estipulados por la ley que los rige.

También el proyecto de ley que está siendo tratado por el Congreso para la constitución de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) contiene varios puntos que podrían contribuir a desmantelar todo el sistema con el que se administra el gas, el petróleo y la electricidad en al país.

Las leyes actualmente en vigencia, no contemplan la existencia de ninguna empresa estatal habilitada a "generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica”, ni faculta a ninguna compañía a “intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en caso de conformarse monopolios u oligopolios". Porque estas funciones están en manos del Estado a través de la Justicia que debe velar por el cumplimiento de las leyes que regulan la competencia dentro del país.

Las mayoría de las funciones asignadas a la futura empresa exceden largamente la definición de empresa testigo con la finalidad de “ajustar lo jurídico, los contratos y el tema de la regulación con mayor presencia pública” tal como lo anunció uno de los futuros directivos de la empresa (Dr. Aldo Ferrer) para incursionar en funciones que son exclusivas del Estado.

A ello hay que agregar el lamentable espectáculo de verdaderas hordas realizando ataques a organismos públicos y privados sin que el Gobierno realice el menor intento de intervención, aunque más no sea para evidenciar su existencia como autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución y las Leyes; sin entrar a considerar la inseguridad frente a una delincuencia generalizada y sin control que toda nuestra sociedad conoce perfectamente y que nos iguala con las comunidades mas retrasadas de la tierra.

La suma de estas violaciones a nuestro orden legal y constitucional y estos hechos conspiran contra el país y sus imágenes repetidas hasta el cansancio por todos los medios de prensa nacionales y extranjeros no sólo nos sumen en el bochorno sino que bloquean toda posibilidad de inversión y en consecuencia casi anula nuestras chances de superar esta crisis.

Para evitar la repetición del ciclo nefasto, hay que restaurar la confianza en el país y en su proyección futura respetando la Constitución y las leyes vigentes en forma integral, perfeccionando su aplicación,  corrigiendo lo que no funciona, instaurando reglas civilizadas de convivencia, y dignificando los tres poderes del Estado. Hay que dejar las manipulaciones, evitando abrir “la caja de Pandora” que significa la promulgación de nuevos ordenes legales desconocidos que, como ha demostrado nuestra historia, solo sirven para incrementar el desconcierto y profundizar el incumplimiento de nuestras leyes básicas y fundamentales.

Si así lo hiciéramos, de esta grave crisis surgiría una gran Nación.