De acuerdo a la experiencia acumulada durante las anteriores crisis de la energía en argentina, es posible determinar el proceso que se abre a partir de este momento y aparentemente por un largo período de tiempo.

Aunque se considera que hasta mediados o fines de mayo, no habrá interrupciones programadas de electricidad, hay proyecciones que anuncian que la restricción energética se extenderá todo el 2004 y una posible agudización en 2005; las consecuencias para el futuro económico de Argentina deberían ser analizadas con seriedad, al margen de los raptos ideologistas a que son tan afectos ciertos funcionarios.

Hay una fuerte “apuesta” a que el incremento en el consumo de se debe a un verano extendido. También se culpa al clima seco, que ha dejado poca agua en las centrales hidroeléctricas; también a problemas técnicos, como la próxima salida de servicio de la Central Nuclear de Embalse por espacio de un mes y medio.

Pero esta no es materia de apostadores.

Esta crisis la hemos construido con una persistencia única entre nuestras políticas de Estado.

Durante largos años -y contrariamente a lo que se viene haciendo en todo el mundo- hemos estado construyendo un país completamente dependiente del gas y del petróleo, la matriz energética argentina basa su consumo en un 50% en la disposición de gas frente al 25% de Estados Unidos o el 8% en el Brasil. Hemos abandonado casi por completo la política de diversificación de las fuentes, paralizamos el programa nuclear y desembocamos en un lastimoso proceso en materia de hidroelectricidad. No tenemos incentivos válidos en materia de recursos renovables.

En los últimos años el parque generador incorporó casi 6.000 MW térmicos en nuevas usinas de turbinas a gas. Si bien la mayoría de estas instalaciones se destacan por una alta eficiencia energética, lo cierto es que presionaron el consumo de gas natural abaratado por la Ley de Convertibilidad y el cepo posterior a la devaluación del peso.

Después de casi 5 años de recesión y parálisis económica, la implosión del 2001 y el default que aún sigue, la inversión en energía tanto pública como privada –salvo los planes de los exportadores de petróleo- sigue paralizada.

Cuando el Gobierno reclama más inversión por parte de las empresas de servicios públicos también debería mirar “hacia adentro” de las propias estructuras del Estado que han hecho lo mismo o favorecido la propagación de la crisis; como por ejemplo, al aceptar que muchos yacimientos de petróleo y gas se paralizaran por “falta de comercialidad”.

Tiene razón el director ejecutivo de la Entidad Binacional de Yacyretá, Oscar Thomas, cuando señala “la irracionalidad de haber paralizado en 1995 las obras de elevación de la represa para intentar lanzar una privatización rechazada unánimemente por los congresos de Paraguay y la Argentina”. Según dijo, “el lucro cesante de la no conclusión de Yacyretá hizo perder un volumen de generación que justipreció en torno de u$s 1.250 millones, según los valores fijados en el acta reversal de 1990”.

Otro de los graves errores políticos que se han cometido –pese a todas las advertencias en contrario- está basado en el esquema adoptado durante la privatización para el segmento de transporte de gas principalmente y en menor medida de electricidad, que no funciona adecuadamente para garantizar la expansión de las redes.

Con una demanda energética en ascenso, sin gas suficiente, el sistema de generación basado en centrales térmicas esta operando al límite de su capacidad y la red de gas amenaza con dar una sorpresa desagradable con los primeros fríos.

Gobernar no es soñar y mucho menos en la situación Argentina.

El Gobierno se encuentra en una situación en la que hay que tomar decisiones extremadamente difíciles para manejar la crisis y, a la vez, encarar soluciones a mediano y largo plazo.

Suspender Exportaciones

En cumplimiento con las leyes vigentes, en especial la Ley de Hidrocarburos, ya se han comenzado a suspender exportaciones de gas y electricidad a los países vecinos. Esta medida –ahora tan necesaria como indeseable- alterará sin duda el proceso de integración regional, dañará la balanza comercial y las perspectivas futuras de nuestro país como abastecedor confiable.

Ya se procedió a interrumpir la mayor parte del flujo de energía desde la Argentina a Uruguay. Esta decisión causará impacto en la economía del país vecino, que se verá obligado a suplantar la electricidad argentina por otras fuentes más costosas. Esto provocará inevitablemente cierto malestar en la relación entre las dos naciones, puesto que Uruguay tenía contratados en firme en nuestro país 338 megavatios/hora, de los que le quedaron sólo 23 megavatios.

También se han restringido en 2.300.000 metros cúbicos las exportaciones de gas a Chile que se realiza por medio de los gasoductos Atacama y Norandino. Los envíos de gas representan 90% del total de las exportaciones trasandinas y 12% de la producción total. Cuando llegue el invierno seguramente habrá que recurrir al corte total de esa exportación.

Para los chilenos esta medida generará también múltiples dificultades, ya que el 37% de la producción del Sistema Interconectado Central de Chile, que abastece el 90% de la energía nacional, utiliza como combustible gas argentino, además del gas natural que llega a las industrias y a los hogares. Hay que tener presente que el 100% del gas natural que se consume en la zona norte (II Región) y centro-sur (RM, V y VIII regiones) proviene de Argentina.

Siempre sobre las restricciones que afectan a Chile, pero en este caso a la exportación de gas por cable, se supo que AES Gener admitió restricciones en el funcionamiento de la usina TermoAndes, de 625 MW que funciona en Salta.

Los precios de la energía dentro de Argentina también se encarecerán, porque Secretaría de Energía dispuso que se reconozca el precio de exportación para el gas que dejará de venderse al exterior, sensiblemente superiores a los del mercado doméstico.

Otros frenos a las ventas al exterior que el Gobierno nacional analiza consisten en aumentar las retenciones a las exportaciones de combustibles. La medida, que aportaría ingresos fiscales adicionales, permitiría utilizar esos recursos en la creación de un fondo de emergencia para solventar los mayores costos derivados de producir electricidad con combustibles alternativos, como fuel oil o gasoil.

Realizar Importaciones

Cuando se procede a sustituir el combustible y la electricidad nacional con importaciones en la economía post-devaluatoria, también juega un factor sensitivo como es el precio ya que, cualquier alternativa, implicará adecuar ese suministro a valores internacionales pagaderos en dólares muy superiores a los que rigen en el país.

Brasil

El gobierno de Brasil, que no goza de una situación cómoda en materia de energía, autorizó a generadores privados a enviar energía eléctrica a Argentina a través de la interconexión que existe entre el estado de Río Grande del Sur, en el sur brasileño, y el norte de la provincia de Corrientes.

Esta decisión podría acarrear ciertas complicaciones al Gobierno de Lula Da Silva ya que existen informes técnicos de los especialistas brasileros que señalan que el país no estaría en condiciones de exportar energía.

De todas maneras, la potencia y energía que se puede contratar por este medio, es limitada  a 500 MW a partir de mayo, ya que está pendiente la construcción de infraestructura para ampliar la capacidad de transporte que permitiría captar hasta 2000 megavatios. A juicio de los funcionarios argentinos, el tiempo que demandaría construir esas obras es más extenso que las urgencias de los próximos meses.

Pero en realidad  se han planteado otras dificultades para integrar las redes entre Argentina y Brasil. Una de las trabas más importantes, es la falta de homogeneidad en las normas operativas y económicas. A estos inconvenientes se suman otros de índole política, como la intención de Brasil de revisar los contratos que las brasileñas Furnas y Eletrosul habían suscripto en 1998 con la española Endes, para la compra de electricidad en Argentina.

Bolivia

Se ha encarado una negociación con el débil gobierno boliviano para adquirir allí 10 millones de metros cúbicos del gas. La expectativa es que se puedan contratar 4 millones de metros a partir del mes de mayo. Esas compras al país del Altiplano respetarán un precio en la boca del pozo de u$s 1,20 por millón de BTU, mientras que en el mercado interno por causa de la pesificación y congelamiento vigente desde el 2002 el gas recibe una remuneración equivalente a u$s 0,30.

Sin embargo, las facilidades de transporte que podrían hacer viable esta importación en gran escala, estarán disponibles recién en 2006, dejando como incógnita lo que puede ocurrir en 2005 con la actual tendencia de la demanda de gas en Argentina.

Venezuela

El presidente Chávez ha confirmado el envío de 700.000 toneladas de fuel oil a cambio de alimentos, pero este combustible tiene un precio considerable en el mercado internacional y su empleo en usinas térmicas elevará sustancialmente el costo de la electricidad en Argentina.

Ahorro de Energía

Ya se han comenzado a aplicar cortes parciales en los contratos “interruptibles” firmados entre las empresas productores de bienes y servicios y los distribuidores de gas. Esto también presenta aristas complejas en sus consecuencias económicas y sociales: por un lado, el encarecimiento de los costos de los bienes y servicios de las empresas que puedan utilizar otros combustibles pero, por otro, la parálisis de las técnicamente estén imposibilitadas de hacerlo.

También ha quedado abierto el debate para restringir el consumo de GNC –que fue estimulado por el propio Estado logrando disminuir hasta en 50% el consumo de naftas con 1,3 millones de autos convertidos -. Para ello, la decisión del Gobierno cuenta con dos opciones: un racionamiento liso y llano, que aterra a la dirigencia política por sus efectos sobre el poder político; y un aumento del precio que por el momento es la opción elegida.

Entre las alternativas que se estudian se encuentra la posibilidad de cambiar el huso horario para aprovechar la luz diurna y reducir el consumo.

Según las encuestas, la figura presidencial cuenta con un respaldo suficiente como para lanzar con éxito una campaña nacional de ahorro energético, instando a controlar el consumo de gas, electricidad y combustibles. Esta campaña debería restringir el uso de luminarias, vidrieras y marquesinas. En las oficinas públicas hay mucho derroche que puede frenarse con un poco de autodisciplina. Es posible mejorar la eficiencia de la iluminación de calles y sectores públicos y evitar las perdidas. En la última crisis eléctrica con una campaña similar Brasil logró reducir su consumo más de 10%.

Otros factores

Pero estas medidas deben acompañarse con un esquema de anticipación frente a factores que inciden en la crisis y que generalmente se presentan. Por ejemplo, los conocidos eventos vandálicos sobre las redes de transmisión eléctrica con capacidad de promover grandes apagones.

También se están desarrollando conflictos sindicales de los petroleros en varias provincias que inciden en el nivel de riesgo.

Por otra parte, ante la escasez de recursos, se pueden presentar problemas políticos con las provincias en cuanto al manejo del agua de las grandes represas hidroeléctricas. Hace pocos días hubo un antecedente cuando la Autoridad de Cuencas de Neuquén no aprobó que las centrales hidroeléctricas de El Chocón y Piedra del Águila generaran a máxima potencia en violación momentánea de las normas de los contratos de concesión que fijan los máximos caudales a erogar.

Hay que prestar especial consideración a la tentación de resolver el inmovilismo administrativo del Gobierno mediante el dictado de leyes extraordinarias que muchas veces “liberan” al Estado de los procedimientos licitatorios y culminan en la pérdida de la transparencia.

Ya se han presentado proyectos en los que se solicita al PEN que declare la Emergencia Energética Nacional. Algunos de estos borradores pueden caer en la práctica antes mencionada y otros son instrumento para elegir culpables y desatar una cacería de brujas, antes que solucionar el problema.

Conclusión

Todas estas medidas que se irán presentando en el desarrollo de esta situación, sólo sirven para atravesar el temporal limitando los daños. Pero hay que comprender, como ya se ha señalado que algunas consecuencias de nuestra propia irresponsabilidad se proyectarán inevitablemente en el tiempo, afectando la capacidad de recuperación del país.

Pero todas estas acciones de nada servirán si, en paralelo con la coyuntura, no trabajamos unidos en la puesta en marcha de una política de Estado enfocada a remover las causas profundas que han gestado la crisis.