La propuesta del PSOE para cerrar todas las plantas nucleares de España en un plazo de veinte años ha generado el rechazo de las eléctricas, que consideran que esa tecnología es básica para garantizar el suministro futuro a la población con un coste razonable.

La iniciativa del PSOE supone el decomisionamiento en 2024 de los nueve grupos nucleares que funcionan en España, con una potencia de 7.897 megavatios (MW) y que en 2003 aportaron el 24% de la electricidad del país.

Fechas

El sector no califica como desorbitada la fecha de cierre que, en las elecciones anteriores del año 2000, el PSOE propuso para 2015.

Los expertos del sector nuclear español señalan que “para el año 2024, todas las nucleares habrán cumplido o estarán cerca de cumplir su vida útil”. Normalmente, la vida de una nuclear es de 40 años, que en 2024 habrán cumplido Zorita, Garoña, Almaraz y Cofrentes, que suman 3.500 MW, el 40% de la capacidad nuclear instalada. Entre 2024 y 2028, el resto de plantas cumplirá su período operativo. La primera en clausurarse será Zorita (propiedad de Unión Fenosa), que cerrará debtro de dos años por disposición del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con 37 años de operación.

Al margen de la fecha de cierre, la gran cuestión para el sistema eléctrico del país consiste en las alternativas disponibles para sustituir esas centrales a un  costo razonable. Ahora, el parque español se compone de cuatro grandes tecnologías: nuclear, térmicas de carbón y fuel, térmicas de ciclo combinado (gas) y energía renovable.

El PSOE propone reemplazar las nucleares por más renovables, sobre todo por plantas solares y de biomasa (que queman residuos de otras actividades). La inversión en plantas de 7.800 MW con estas tecnologías alcanzaría los 18.720 millones de euros, según estimaciones de las utilities eléctricas.

El sector quedaría formado sólo por centrales de ciclo combinado (que funcionan con gas y están sustituyendo al carbón y el fuel) y por energías renovables, que dependen de factores externos como el sol, la lluvia y el viento. “El sistema sería muy inestable”, definen las autoridades energéticas actuales. Las eléctricas preferirían proyectos de renovación de las usinas o la construcción de nuevas centrales nucleares para sustituir a las antiguas, para lo que habría que invertir 13.600 millones de euros.

Inicialmente, lo más barato sería instalar ciclos combinados (4.460 millones de euros para 7.800 MW), pero el coste de producción de la mayoría del parque español quedaría a merced de la evolución de los precios del gas importado. Entre 2002 y 2011, ya hay previstos 13.000 MW en ciclos combinados.

Al margen queda el costo del desmantelamiento del parque nuclear y el destino final de los componentes y residuos, evaluado con un modesto 9.638 millones de euros.

Cuestiones abiertas por el Protocolo de Kyoto

Sin embargo, las empresas eléctricas españolas están más preocupadas por el próximo reparto de los derechos de emisión de gases contaminantes, como el CO2, que por el debate sobre la energía nuclear. Al final de marzo vence el plazo para que el Gobierno asigne a cada empresa su límite de emisiones, con el fin de que el conjunto del país llegue al año 2010 sin superar los objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto. Las eléctricas pugnan por obtener el mayor número de derechos de emisión posible, para no tener que trastocar así sus actuales parques de producción ni sus planes futuros de inversión. Endesa, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo esperan un reparto favorable para las centrales de carbón, unas de las más contaminantes del sector.

Iberdrola, por el contrario, pretende un plan de asignaciones que beneficie a las centrales de ciclo combinado, algo menos contaminantes. En este caso, Iberdrola podría seguir adelante con sus planes de construcción de ese tipo de plantas y de parques eólicos, con lo que ganaría cuota a sus competidores, que podrían tener que cerrar algunas de sus instalaciones de carbón.

Las centrales nucleares, al no emitir CO2, parecen encontrarse al margen de la discusión.

Pero Kyoto no sólo preocupa al sector eléctrico. La patronal CEOE ha advertido de que será “imposible” que España cumpla los términos del Protocolo si no se hace un uso “sin limitaciones” de los mecanismos de flexibilidad contemplados en el acuerdo, lo que costaría a España unos 78.600 millones de euros, un 1% del PIB.

Por otra parte, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) continua con el programa que incentivará las energías renovables.