Gobernar es, ante todo “decidir”. El ejercicio del Gobierno, por definición, es esencialmente un complejo proceso de adopción e implementación de decisiones. En una situación crítica como la que atraviesa nuestro país, habría que agregar el adjetivo de “difíciles” para calificar la naturaleza de la mayoría de esas decisiones.

En muchos temas y, más específicamente, en la cuestión energética ha comenzado a percibirse la existencia de un problema de Gobierno, es decir el apremio por establecer decisiones fundamentales.

Dada la incidencia significativa que el tema tiene sobre el potencial de crecimiento económico, se trata de un debate en el que también correspondería involucrarse a los partidos de la oposición y al conjunto de la sociedad.

En los últimos días, han surgido expresiones que muestran criterios e interpretaciones disímiles entre varios integrantes del Gobierno, sobre aspectos cruciales para la definición del rumbo del país. Tales contradicciones superan el ámbito de lo técnico – ubicado en el plano de lo instrumental-, para expresarse bajo la forma de pensamientos políticos y filosóficos contrapuestos, en torno a los objetivos que se persiguen.

Estas distorsiones dividen también a los legisladores y a los dirigentes políticos del partido gobernante, en el tratamiento de, por ejemplo, el nuevo régimen regulatorio que regirá los servicios públicos, la función y alcance de las estructuras de renegociación de contratos, las tarifas, el sistema de fondos fiduciarios para financiar las obras y la creación de nuevas empresas públicas.

Desde el punto de vista filosófico y político, hay que definir si los servicios públicos continuarán prestados por el sector privado o si será el Estado quién cumplirá el rol de inversor y operador de las empresas. Se trata de una decisión de gran importancia, ya que al resolver este problema de Gobierno, implícitamente se producirá una re-definición del rol del Estado en nuestra sociedad.

Circulo ominoso

Mientras este debate no se cierre, la gran mayoría de los proyectos estarán sujetos a condiciones de anormalidad extrema, con muchísimas variables fuera de todo control y trabados por múltiples impedimentos.

Todas las inversiones –también las públicas- se convierten en operaciones de alto riesgo. Invariablemente, para evitar el gran peligro que significa postergar ciertas obras críticas para garantizar el suministro energético, debe recurrirse a los mecanismos de excepción, leyes especiales, garantías extraordinarias y artilugios jurídicos que terminan por profundizar el problema original, debido a la mayor inseguridad jurídica que se provoca.

De tal forma, este mecanismo rompe el equilibrio del sistema y, en lugar de transportarnos desde la emergencia inicial a la normalidad del desarrollo autosostenido, provoca una expansión continua de las anormalidades, realimentándose  en forma viciosa hasta su estallido.

Se trata de un círculo ominoso que invariablemente conduce mayores dificultades especialmente en cuanto a la calidad de vida de la población.

Es un mecanismo perverso que lleva implícito un involuntario –pero efectivo- ataque al empleo y a la producción dañando a toda la sociedad y en especial a los sectores más desprotegidos. En los meses que pasaron, la falta de energía en las industrias determinó suspensiones y cierres temporarios de muchas fuentes de producción. También hemos perdido muchas divisas importando lo que antes exportábamos. La recuperación se ha desacelerado. El Presidente y su ministro de economía han reconocido que el índice de desocupación creció en la última medición “debido a la crisis energética”.

Distorsiones

Las intervenciones realizadas en el contexto de la emergencia, han desequilibrado las funciones de CAMMESA y provocando un considerable déficit ($ 2000 millones aproximadamente). El propio “mercado eléctrico” se ha desnaturalizado. Además, luego de haber consumido los fondos específicos que estaban destinados a financiar obras de expansión de las redes de transporte de electricidad, esta organización adeuda a los generadores $450 millones.

El país se vio forzado a importar un potencial de hasta 400 megavatios desde Brasil, a un precio promedio de casi tres veces mayor al que se paga los generadores locales. Debido a la carencia de gas natural, nos vimos obligados a comprar fuel oil en el extranjero por más de 250 millones de dólares, una pérdida superior al valor de la ampliación del gasoducto San Martín.

Los especialistas calculan que el sistema generador administrado por CAMMESA registra un quebranto ubicado en torno de $3 millones diarios este año, mientras que sectores de la generación, el transporte y la distribución de electricidad han denunciado que, desde el inicio de la crisis, se han visto perjudicados por una transferencia de renta en beneficio de otros sectores de la economía por $10.000 millones aproximadamente.  

Si en el invierno del 2005 las condiciones climáticas fueran las habituales (algo más frío y menos lluvioso) podría llegarse a una crisis de grandes proporciones.

Ejemplos

Las diferencias expuestas en público entre los ministros de planificación federal y de economía con relación a la distribución de responsabilidades en la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos, ponen en evidencia la existencia de estas escuelas de pensamiento contrapuestas dentro de un mismo Gobierno.

Muchos de los artículos del “Régimen Nacional de Servicios Públicos” reflejan líneas de acción definitivamente hostiles a la inversión privada, aumentando la discrecionalidad en el manejo de la ecuación económica de los concesionarios, en contradicción con el esfuerzo de la Secretaría de Energía para alcanzar un acuerdo con las empresas generadoras para que acepten convertir la deuda acumulada en CAMMESA en un ciclo combinado de 850 MW a construirse en el Litoral.

Este proyecto de regulación, también está en cortocircuito con la idea de establecer un sendero para la recuperación del precio mayorista de la electricidad, para retornar gradualmente al escenario previo a la implosión del 2001 cuando las empresas consideraban conveniente invertir en el país. 

Otro caso que expresa esta confusión oficial es el proyecto de constitución de ENARSA –que aún no ha sido aprobado por el Congreso- y que ha recibido objeciones desde un extremo al otro del arco ideológico. Como empresa “pública” con fondos provenientes del Tesoro –que no es SE- escaparía a los controles naturales del Estado (Auditoría General de la Nación, etc.) y como empresa “privada” puede ser el motor de una desnacionalización generalizada de los recursos petroleros de nuestra plataforma submarina.

ENARSA está llamada a disolver partes fundamentales de la Ley 24065, conocida como Marco Regulatorio Eléctrico que es la base del sistema actual.

Surgen muchos otros interrogantes, por ahora sin respuesta. ¿Licitará ENARSA por sus áreas? ¿El Gobierno ha decidido utilizar el dinero de la ciudadanía en operaciones de riesgo exploratorio? ¿quién se beneficiaría con los éxitos?, ¿quién asumirá el costo de los fracasos?. ¿Serán todos los fracasos del público y todos los éxitos de los inversionistas privados?. ¿Cuál será el papel de los “socios internacionales” señalados por las autoridades como futuros partícipes en estos negocios?

Mientras no haya una solución a este problema de Gobierno, las empresas que actualmente prestan los servicios públicos se deteriorarán, ya que sin marcos de acción y con contratos virtualmente caídos, no podrán reestructurar sus deudas y, mucho menos, realizar nuevas inversiones.

Hemos derivado en la crisis energética actual porque tres años de continua indefinición han constituido un verdadero “cepo” para el sector energético, que se caracteriza por ser una actividad capital intensiva.

La incertidumbre detonó la falta de adhesión por parte de inversores privados, empresas petroleras, AFJP y bancos al esquema pergeñado por las autoridades para concretar obras de transporte de gas esenciales en la provisión del año próximo.

Para comprender la importancia estratégica de este punto, basta analizar comparativamente la diferencia entre nuestra situación y la de otras naciones del MERCOSUR. La semana pasada, Petrobrás lanzó un bono internacional para conseguir inversores por 600 millones de dólares y obtuvo ofertas por 1200 millones; mientras que muchas de las empresas que operan en Argentina no logran refinanciar sus deudas y son sorprendidas periódicamente con apremios y embargos sobre sus bienes.

Nuestra situación obliga a conceder garantías extraordinarias, más allá de la rentabilidad de la inversión y su tasa de retorno esperada. Por ejemplo, la  promesa arracada al Gobierno de Brasil, con el compromiso por parte de Petrobrás de invertir 200 millones de dólares para ampliar el gasoducto San Martín, sólo se logró contra la promesa de “una ley especial para un fideicomiso que garantice el repago de las obras que emprenderá TGS”.

En tiempos normales, una obra de esa magnitud hubiera desatado una competencia feroz entre las compañías para conseguir ese contrato.

Este sistema de financiación fideicomisaria, ha sido cuestionado porque –según los juristas oficiales- los fondos podrían quedar bloqueados por la Justicia, ante un eventual fallo desfavorable en el CIADI, a raíz de las muchas demandas que tramitan diversas empresas contra el Estado, por los efectos económicos de la pesificación “asimétrica”.

Otras Víctimas

La culminación de Yacyretá, que podría aportar más de 3000 MW extras al sistema, hasta ahora no ha logrado establecer un programa de financiamiento y, en un escenario determinado, puede requerir el aporte directo del Tesoro Nacional por 150 millones de dólares para cancelar la relación del Banco Mundial con la obra más u$s 680 millones para elevar la cota de la represa. Ya se duda de la fecha cierta en que podría terminarse.

El proyecto de finalización de la Central Nuclear Atucha II, basa su cálculo financiero en supuestos tarifarios (U$S 19,50/MW en 2006) que requieren clarificación por parte de las autoridades y una decisión concreta acerca de quién aportará los 489 millones de dólares (Estado Nacional, ENARSA, Fondo Fiduciario, etc.) que implica la finalización de la usina, lo mismo sobre quién la terminará.

Argentinidad

Para evadir este “cepo” que representa la condición “argentina” algunas empresas, para reinsertarse en el sistema de financiación internacional, decidieron instalarse bajo otras soberanías. Muchas lo han hecho en Brasil. El caso más llamativo lo constituye el reciente anuncio que el poderoso grupo industrial Techint estudia la creación de una empresa en España que funcione como cabeza del holding de subsidiarias latinoamericanas.

La decisión

En esencia, la decisión que se debe adoptar implica determinar entre dos rumbos.

Si la idea es continuar con la prestación de los servicios públicos a través de concesionarios privados operando en un mercado regulado por el Estado, entonces el esfuerzo debería ponerse en crear condiciones para atraer inversiones y convencer a los empresarios de que es más conveniente invertir en nuestro país que en otras latitudes.

Habría, en este caso, que fortalecer los entes reguladores y perfeccionar el carácter subsidiario de muchas actividades no rentables o socialmente necesarias.

Si la idea por el contrario es que el Estado sea responsable de la inversión y operación de los servicios públicos, entonces la renegociación de los contratos debería enfocarse a convertir a las empresas privatizadas actuales en meros contratistas del Estado o simplemente en restituir la actividad a entidades públicas nuevas y, desde ya, no se necesitarían los entes reguladores.

En este último caso, el presupuesto nacional debería establecer los montos para cubrir esas inversiones.

Como decíamos al comienzo: “Gobernar es decidir”.