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El grupo y su estrategia

El reducido grupo que administra la estrategia de Kirchner en el Gobierno (los creadores del “estilo K”) considera vital para su esquema de poder, dilatar –al máximo posible- toda definición sobre tarifas y contratos de las empresas de servicios públicos privatizados. Por esta razón, ha dado los primeros pasos para renegociar la totalidad de los contratos manteniendo la vigencia de la Ley de Emergencia Económica., porque “no hemos salido del estado de crisis y seguimos teniendo desempleo y pobreza".

Antes de adoptar medidas impopulares, se considera que hay que tomar completamente y consolidar el poder. Todo lo que atañe a las empresas privatizadas, además de ser impopular, puede ser visto como una “claudicación ante las presiones foráneas” en detrimento del respaldo popular que necesita este Presidente.

Muchos de sus viejos amigos personales, incluso algunas personas ligadas a los grupos de pensamiento izquierdista de los ’70 –figuras cercanas a Alicia Kirchner- se han reciclado en los últimos años en diversas asociaciones de usuarios u consumidores, organizaciones defensoras de los derechos humanos, defensorías del pueblo y órganos de control. Estas figuras han abonado en las mentes de los actuales funcionarios la teoría de la existencia de “un lado oscuro en las inversiones extrajeras”, que “han ganado mucho más que en ninguna parte del mundo mediante una política de exacción negociada por funcionarios corruptos”. Para ellos, “todas las privatizaciones son iguales y se caracterizan por no cumplir con las inversiones pactadas y por apelar a los Gobiernos de los países centrales y el FMI para la defensa de sus intereses”.

En síntesis, la mesa chica con la que Néstor Kirchner consulta sus decisiones tiene tomada una posición frente a las empresas privatizadas: “Ganaron mucho durante los ’90, y ahora les toca devolverlo”. Con un poco más de diplomacia -sólo un poco-, el Presidente reitera el mensaje, pidiendo al establishment que “deje de lado los vicios que tanto daño” le causaron al país, y señaló que representantes de grupos empresarios “estén acostumbrados a implementar políticas que necesitan y quieren” trabajando “sobre las espaldas de los argentinos”.

 

Una dosis de Verdad

En algunos casos, los marcos regulatorios se elaboraron sospechosamente tarde –una vez suscriptos los contratos de concesión- más como consecuencia de los reclamos que provocaron en los usuarios innumerables abusos de las empresas que por algún remordimiento en la conciencia de nuestros políticos ante el desequilibrio que provocaban.

No todos los entes reguladores se crearon por Ley; algunos se constituyeron a sola firma, mediante decretos y sus directivos fueron nombrados a partir de “ternas” emanadas de las propias empresas controladas.

Algunas sociedades civiles, supuestamente creadas para defender los derechos de los usuarios, se constituyeron para tomar una parte del botín recibiendo prebendas de las empresas y del propio Estado a cambio de “cajonear” reclamos.

Todas estas debilidades –meras “desprolijidades” para algunos-  no sólo sirvieron para consolidar el desequilibrio inicial sino principalmente para aumentarlo sin medida, permitiendo la maximización de los beneficios empresarios a costa de los usuarios que, mediante aumentos, renegociaciones y “rebalanceos”, pasaron a ser los financistas de los planes de inversión pautados en los pliegos de privatización de determinadas empresas.

La legislación que convalidó lleva consigo el ominoso fantasma de la “banelco”, incluso para quienes sin votarlas las hicieron posible. Recordamos que, en ocasión de aprobarse una importantísima privatización energética tomaron estado público los escandalosos reclamos de una legisladora que reveló un importante reparto de dinero al término de la aprobación del proyecto.

A lo largo del proceso de privatización en Argentina –sin importar rubro o sector- siempre tuvo vigencia el concepto de “todos deben poner algo” para que la privatización se concrete como lo señaló públicamente un Ministro (Manzano) del Gobierno menemista: “se roba y se coimea....para la corona....”

Este esquema se repite con el agua, los teléfonos, los trenes, subtes, colectivos y rutas, donde toda mejora está atada a que aumenten las boletas de los usuarios y, en términos internacionales, estas tarifas han superado holgadamente la media.

Casos difíciles de defender

Durante el menemismo, algunas privatizaciones –aún tratándose de servicios monopólicos- se diseñaron en ámbitos cerrados y mediante tratativas obscuras ignorando incluso las recomendaciones de los organismos internacionales convocados para asesorar al Estado, como por ejemplo el Banco Mundial. Las cláusulas contractuales se escribieron y modificaron en los despachos de los propios oferentes y hasta llegaron a tener errores de traducción idiomática que debieron ser enmendados posteriormente.

Por ejemplo en el caso de la privatización de la empresa ENTEL (teléfonos) que incrementó (500%) sus tarifas antes de su venta que se entregó “libre de todo control regulatorio” por un plazo de dos años. La interventora (María Julia Alsogaray que se encuentra sometida a proceso penal por enriquecimiento ilícito) modificó los pliegos originales, incrementando artificiosamente la valuación de la empresa para aplicar sobre este nuevo valor una garantía de rentabilidad de 16%.

Actualizaciones, rebalanceos de tarifas, cambios en los planes de inversión (Aguas Argentinas) o reparto de nuevos costos entre los contribuyentes argentinos se llevaron a cabo mediante simples decretos de los funcionarios gubernamentales. Los cambios en los pliegos originales –en algunos casos- son tan notorios que transforman una licitación pública internacional en una “contratación directa”.

Los amigos del presidente Kirchner, asentados en asociaciones rebeldes, durante esos años fueron los opositores más encarnizados a estos cambios, operando a través de la justicia ordinaria y un pequeño grupo de diputados en la Cámara. Aunque siempre fueron neutralizados por el menemismo a través del simple expediente de apelar ante la “Corte Suprema” que rápidamente revocó todos las sentencias judiciales anteriores, por considerar –mayoría automática mediante-“que era una facultad privativa del Poder Ejecutivo fijar las tasas y servicios”.

La Política “K”

El Presidente tiene poco contacto con la plana mayor de las compañías.

Durante su campaña habló de la posibilidad de re-estatizar servicios mal privatizados. Hay quienes aseguran que quiere ver “caer” algunas privatizaciones en las que existen abusos.

En general, el Presidente considera “funcional a este modelo” que las empresas privatizadas apostaran a favor de su enemigo electoral (Ménem) y que hicieran lobby en su contra en forma encubierta.

Se asegura que esta es una oportunidad para “dar una lección” ejemplificadora a los gerentes y mandantes”; estos mismos sectores interpretan que la iniciación de una veintena de juicios contra el Estado Argentino, esconde una nueva operación conspirativa en contra del Gobierno.

En un principio, se había resuelto quitar completamente el tema de la esfera de Lavagna que se había “desgastado” proporcionando tiempo a Duhalde que evitó dar aumentos durante todo su mandato pero, posteriormente, requirió de los antecedentes y las presentaciones efectuadas razón por la que Lavagna logró reestablecer cierto protagonismo en el tema.

Después de todo Lavagna había logrado las empresas para que mantengan sus tarifas sin cambios desde enero de 2002 pese a una inflación del 41% el año pasado y una devaluación del 70% del peso argentino.

Esta amplia postergación de toda definición fue lograda, en esa oportunidad por la Ley de Emergencia Económica, sancionada el 6 de enero del año pasado cuando la Argentina salió de la convertibilidad, pesificó 1 a 1 el costo de la luz, el gas, el agua, los teléfonos, los boletos de trenes y colectivos y los peajes. Es decir convirtió a pesos los precios de la economía. Y también le atribuyó al Congreso la facultad de subir o bajar los precios. Ese poder, hasta antes de la sanción de esta ley, estaba exclusivamente bajo la órbita del Ejecutivo, más específicamente del Ministerio de Economía.

Esta situación lo ha llevado a dar directivas en el ministerio de infraestructura para que se actúe con dureza durante las renegociaciones de contratos con estas empresas a ser llevadas a cabo por una comisión especial, “tratando de quitar la prioridad sobre las tarifas y concentrando la acción sobre el cumplimiento de las inversiones por parte de las empresas". Está seguro que un análisis profundo fortalecerá la posición del Estado Argentino inclusive frente a la posibilidad de abandono o rescisión de algunos contratos.

También quiere poner a las empresas en manos de sus viejos amigos de las asociaciones (legítimas) de usuarios y consumidores que reclaman el llamado a audiencias públicas para debatir los nuevos esquemas y, por supuesto, las tarifas de los servicios públicos. El Ministro de Planificación Federal les prometió –en cumplimiento de la Constitución Nacional de 1994-una amplia participación en el análisis de las concesiones "caso por caso", y la convocatoria a audiencias públicas para analizar los aumentos en las tarifas y las inversiones a realizar por las empresas. Los miembros de estas ONGs visarán la recomposición de las tarifas " considerarán otras variables, como por ejemplo la duración de los contratos, el cumplimiento y la rentabilidad obtenida". 

Fiel a la tradición peronista –cuando uno quiere paralizar un expediente debe crear una comisión- el Gobierno reflotó la “Comisión Renegociadora” de los contratos con las privatizadas que había creado Duhalde con la Ley de Emergencia Económica; ahora la bautizaron con el nombre de "Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos" dirigida por los ministros de economía e infraestructura.

De acuerdo con lo indicado por los ministros, se procederá al "análisis, revisión y renegociación" de todos los contratos de los servicios privatizados. De esta manera, la Unidad Renegociadora llevará adelante la adecuación de 61 contratos que incluyen a todas las empresas que se hicieron cargo de los servicios en los 90: luz, gas, agua, teléfonos, autopistas, rutas, ferrocarriles, terminales portuarias e hidrovía, entre otros.      

Lavagna indicó que la nueva etapa de revisión de los contratos se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: "impacto sobre la economía general, distribución del ingreso, calidad de los servicios, planes de inversión, acceso del público a los servicios, seguridad de los sistemas de prestación de servicios y rentabilidad de las empresas operadoras".     

Junto con la creación de la “Unidad Renegociadota” bicéfala— concretada por medio del decreto 311—, el presidente Kirchner remitió al Congreso un proyecto de ley que según señalaron Lavagna y De Vido presenta dos puntos salientes: la extensión del plazo de renegociación de los contratos hasta el 31 de diciembre de 2004 y el nuevo mecanismo de intervención previsto para el Parlamento.

Curiosamente esos tiempos de esta comisión coincidirían con los 18 meses que se fijó la gestión de Néstor Kirchner para discutir las condiciones de concesión con las empresas. De Vido y Lavagna anunciaron que la renegociación de los contratos de las privatizadas concluirá en diciembre de 2004.

Una vez alcanzado un nuevo esquema contractual, comenzará el turno del Parlamento y eventualmente de la Justicia para resolver la aceptación final y las eventuales impugnaciones que se puedan presentar. En el caso del Congreso, el nuevo sistema prevé un plazo de 60 días para expedirse por medio de una sesión plenaria. "Será un fast track, -según De Vido- es decir aprueban o rechazan el contenido de cada negociación pero no tendrán potestad para modificar los términos de las discusiones". Si el Congreso no se expide en ese término, el Ejecutivo dará por convalidadas las renegociaciones. Pero si los nuevos contratos son rechazados, entonces el Gobierno deberá encarar una nueva renegociación.  

 

En última instancia se prefiere un esquema controversial, en el que las empresas presenten reclamos y demandas por incumplimiento de contrato ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Sabe que al desconocer o cuestionar este árbitro lograría postergar cualquier definición por tres o más años, mientras otorga “pequeños ajustes negociados” por vía de decretos, y observa qué ocurre con las sociedades.

Al margen de estas preferencias y deseos personales. la idea es que este proceso de renegociar tenga una duración de dos o tres años provocando algunas rescisiones y forzando la aceptación de un ajuste inicial por su decisión unilateral del 10% al 15% en algunas prestaciones.

Ley de Emergencia Económica

Para comenzar este proceso se requiere un período de excepcionalidad legal. La Ley de Emergencia Económica  así como los “poderes especiales” que el Congreso renovó hasta fines del 2004 al Poder Ejecutivo.
 

PROMESAS Y DEFINICIONES POLÍTICAS

El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, prometió al ala dura del sindicalismo (Central de Trabajadores Argentinos) que “no se aplicarán aumentos tarifarios hasta que el Gobierno concluya la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos”.

El ministro aseguró que estudiará un proyecto elaborado por el economista Claudio Lozano (de la CTA) respecto de la re-estatización de los servicios públicos. Lozano precisó que su trabajo sostiene que "con las actuales tarifas se puede mantener perfectamente el funcionamiento operativo de las empresas" de servicios públicos.

El proyecto pretende volver a los subsidios cruzados, es decir, a que ciertas actividades de servicios que son rentables en algunas zonas sirvan para financiar a aquellas que se encuentran en regiones donde no representan un negocio, pero deben ser garantizadas de igual forma a sus habitantes". De Vido elogió el trabajo de Lozano y señaló que el economista hizo una propuesta "muy interesante en relación a la importancia que tiene el precio de la tarifa en la redistribución del ingreso y en la promoción de actividades productivas". "No puede haber una definición en materia tarifaria si no hay un análisis de la historia del cumplimiento y de las inversiones que se realizaron o no", afirmó De Vido en la reunión.

El ministro analizó con dirigentes de la CTA la política de las privatizaciones, el plan de obras públicas del Gobierno, los sistemas de transporte, la Hidrovía, la utilización de energía atómica y la generación de carbón.

Además de Lozano y De Gennaro, participaron del encuentro otros aliados del Kirchner como Marta Maffei (CTERA), Ariel Basteiro (aeronáuticos) y Luis D'Elía (trabajadores desocupados).

De Gennaro destacó que queda claro que "las empresas están en deuda con el pueblo argentino", al sostener que "han acopiado y concentrado grandes ganancias que en su mayoría han sido enviados al exterior". Agregó que "el poder de compra de las empresas de servicios públicos, en manos del Estado, se iba a invertir en el país, pero las ganancias se giraron íntegramente al exterior". "Es necesario que ese poder de compra vuelva a ser utilizado por los argentinos como condición sine qua non en todos los contratos de las empresas que utilizan recursos naturales argentinos", subrayó De Gennaro.

REALIDAD VIRTUAL
 
Pese a estas promesas –y por si el programa se vuelve insostenible- el texto del proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso para poner en marcha la renegociación de los contratos de los servicios públicos contiene una cláusula que abre la puerta para los ajustes "a cuenta" que el ministro Roberto Lavagna impulsara desde el año pasado. 

En el articulado se incluye la posibilidad de que el Ejecutivo firme "renegociaciones parciales" con las empresas concesionarias. El año pasado se intentó un caso de este tipo: la renegociación con Aguas Argentinas, donde se adecuaron algunos artículos del contrato a cambio de un ajuste tarifario cercano al 10%. Esa renegociación se entendía como una primera fase de otra discusión más profunda a encarar en una segunda etapa.

Sin embargo, el plan del gobierno no aliviará el escenario en que se encuentran las empresas de servicios públicos, sino que podría hacer que el país repita los mismo errores del pasado, prolongando el congelamiento de las tarifas y alejando la posibilidad de un retorno a la rentabilidad, condición que las empresas perdieron cuando el peso fue devaluado el año pasado.

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Con tanta incertidumbre, es poco probable que la inversión tan necesaria retorne al sector de los servicios públicos comenzando un deterioro inevitable en la calidad de muchos servicios y aumentará el nivel de conflictividad.