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“Gran Hermano”...
También está en la mente del Presidente la
creación de un “Super” ente regulador que controle a los actuales entes
evitando la corrupción que se ha producido con anterioridad. Una
vez aprobado, por ley, un Marco Regulatorio General para todas
las prestadoras de servicios públicos, el gobierno de Néstor Kirchner apuesta
a que los entes reguladores recibirán órdenes de un gran controlador general
(comisario político) que supervise el correcto funcionamiento de cada
organismo.
La idea de que la
supervisión de las empresas de servicios públicos esté en manos del Estado fue
un compromiso político sellado por De Vido y los legisladores peronistas en un
encuentro que mantuvieron, en el Ministerio de Economía, hace poco. El
compromiso se realizó frente al titular de Hacienda, Roberto Lavagna.
Economistas que ahora son convocados
por el nuevo gobierno, como los investigadores de FLACSO Daniel Azpiazu o
Eduardo Basualdo, son esencialmente académicos, con poca experiencia en
políticas públicas, y enrolados en un mix de nuevas corrientes heterodoxas
('evolucionistas’, 'postkeynesianos’, 'neoschumpeterianos’, 'institucionalistas
heterodoxos’), que sin ser anticapitalistas, no creen en la economía de
mercado.
Uno de los aspectos centrales de la nueva heterodoxia, es el
institucionalismo. Un institucionalismo de izquierda, por llamarlo de alguna
forma, que no comparte las preocupaciones sobre la eficiencia del marco
político del mercado, sino que cree que son las instituciones, manejadas por
los sectores de poder político y económico en búsqueda de beneficios
extraordinarios o cuasi-rentas, las que determinan la distribución del ingreso
en un país.
Es una idea político-económica de la economía, nuevamente de moda en círculos
académicos de Francia y Gran Bretaña, con la que simpatizan los 'globafóbicos'
del mundo y muchos de los economistas que hoy consulta el gobierno, los
equipos económicos del ARI y –muchos sostienen- el propio Presidente, que
durante cuatro años tomó clases particulares de economía.
No es esta, necesariamente, una concepción socialista de la economía y la
política económica, ya que no cuestiona los derechos de propiedad o los
elementos de la economía abierta.
Pero lo que subsiste en el
institucionalismo de izquierda, respecto de la vieja izquierda socialista y
keynesiana, es una noción semi-marxista sobre los sectores sociales y las 'élites’.
Según este enfoque, las 'élites’ siempre intentarán 'explotar a los
trabajadores’ y obtener rentas extraordinarias, y el rol de las
'instituciones’ es impedir que ello suceda. Las instituciones, claro está, no
están definidas de antemano, e incluyen al Estado, los sindicatos, los
diversos entes reguladores de la economía que crea el Estado. O las medidas de
política económica.
En el Ministerio de De Vido, se
manejan con un proyecto redactado en el que se “recuperan para el estado
Nacional facultades para fijar tarifas y rescindir contratos sin causales de
cambio de orden jurídico”. De Vido librará su guerra con la ayuda de las
“asociaciones de usuarios”.
Con este nuevo proyecto, las tarifas serán calculadas
siempre en moneda nacional; las empresas deberán renunciar a toda jurisdicción
que no sea la legislación y justicia nacional para la dilucidación de
conflictos a que diere lugar la aplicación de la concesión.
Lavagna considera que en la idea de De
Vido existen numerosos riesgos de tergiversación como para llegar a un Estado
“estalinista” dado el papel de vigilador del mercado que se le asigna al
Estado y la potestad de anular un contrato sin causa aparente junto a la
obligación de mantener servicios sin interrupciones, que pueden dañar el
equilibrio económico de las empresas.
En los sectores gasífero y eléctrico el desastre podría ser mayor porque el
proyecto de Di Vido elimina artículos clave para el régimen de energía
eléctrica (Ley 24.065), y el marco regulatorio del gas natural (Ley 24.076),
ambos en vigencia. No sólo se fijan condiciones hacia el futuro sino que se
modifican regímenes sobre los cuales pautaron operaciones.
En el primer caso, se proyecta dejar sin efecto el artículo 42º referido al
modo de calcular los cuadros tarifarios iniciales y se determina el precio
máximo de acuerdo con indicadores de mercado que reflejen cambios de valor de
bienes y/o servicios, y que serán ajustados para estimular la eficiencia, las
inversiones, operación y mantenimiento.
Se indica, además, que las tarifas “estarán sujetas a ajustes que permitan
reflejar cualquier cambio en los costos del concesionario”.
En relación con el gas, Flacso elimina el artículo 41º, relacionado con la
metodología de ajuste de las tarifas. La ley se refiere al uso de indicadores
de mercado internacionales y a la necesidad de reflejar los cambios
impositivos sobre las tarifas.
Para Lavagna estas ideas ahuyentarán todo tipo de inversión. El plan del
titular de Planificación mereció un fuerte rechazo por parte del equipo
económico, donde consideraron que el borrador “gira en torno a las ganancias
de las empresas en la década de los ’90 y no plantea un marco racional para el
futuro”.
El ministro de Economía, Roberto
Lavagna, mantiene una fuerte disputa con el titular de Planificación, Julio De
Vido, por este aspecto de la política de Gobierno. Dentro de ese contexto, le
presentó al presidente Néstor Kirchner un proyecto de ley con el marco
regulatorio para las empresas concesionarias de servicios públicos.
Lavagna sabe que tocar este mecanismo de leyes reguladoras implica, de hecho,
una modificación de las reglas de juego para el funcionamiento y rentabilidad
de las empresas privatizadas. También es consciente que esto puede disparar el
mecanismo de reclamos internacionales por “modificación unilateral de las
condiciones pactadas con el Estado Argentino”.
También sabe que, cuando el proyecto tome estado público generará desconfianza
y temor entre los grupos de accionistas de las actuales empresas de servicios
públicos. Pero considera que el nuevo esquema será aceptado finalmente y, en
los casos en que se proceda al conflicto, siempre existe la posibilidad de
efectuar “re-privatizaciones” convocando a otros capitales.
La iniciativa de Lavagna fue girada a estudio del secretario de Legal y
Técnica, Carlos Zannini, y dispone la eliminación de todos los entes
reguladores tal como funcionan actualmente y su reemplazo por nuevas
estructuras de control.
En su reemplazo, Lavagna retoma la vieja idea de la creación de un superente
regulador que concentrará la supervisión de las empresas.
El punto de mayor discusión y que aún está abierto es de qué cartera dependerá
este ente o si, finalmente, reportará directamente a Presidencia. Para Lavagna
los organismos de control vigentes se reformularían y quedarían, en rigor,
degradados a “salas” dedicadas al monitoreo de las concesiones en los
distintos sectores como asesoras del ente principal que tendría como referente
al Congreso Nacional.
Por su parte, Lavagna evitó darle participación a los funcionarios de la
cartera de De Vido en la elaboración del proyecto que le elevó a Kirchner, en
cuya elaboración ni siquiera intervino la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos que integran tanto funcionarios de Economía
como de Planificación.
Existen, sin embargo, algunas coincidencias entre los equipos de ambos
ministerios. En principio, si bien la propuesta de Flacso no incluye ninguna
referencia a un ente superior a los actuales organismos reguladores, De Vido
no descarta de plano la creación de una suerte de directorio por encima de los
entes de control, una variante al planteo de superente de Lavagna.
Tampoco hay ninguna discusión respecto de la aplicación de una tarifa social o
solidaria ni de la posición del Gobierno en el caso de las empresas que
promovieron demandas contra el Estado ante los tribunales de arbitraje
internacionales.
En este sentido, la postura es que las empresas deberán desistir de los
juicios ante el CIADI en el marco de la discusión por la renegociación de los
contratos.
Los especialistas advierten
que con el alto número de entidades estatales que supervisan el actuar de las
empresas de servicios públicos privatizadas, la creación de un nuevo superente
será superfluo y, en el peor de los casos, peligroso. Además, existe la
incertidumbre que genera el factor de revisión por parte el Congreso de los
marcos regulatorios para la prestación de los sevicios.
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